Garantías para el Denunciante: Protección contra Represalias

El Fuero o Protección Especial de Estabilidad

Uno de los pilares de la normativa contra el acoso es la garantía de no retaliación.

Para incentivar la denuncia, la ley suele otorgar un "fuero" o protección especial de estabilidad laboral al denunciante.

Esto significa que, desde el momento en que se radica la queja formal (siempre que tenga fundamento razonable) y hasta un periodo posterior (generalmente 6 meses después de finalizado el proceso), la víctima no puede ser despedida sin una autorización judicial previa o una justa causa objetiva totalmente ajena a la denuncia.

Esta medida busca blindar al trabajador contra la venganza inmediata del empleador o del jefe acosador.

Requisitos para la Activación de la Garantía

Es vital aclarar que esta protección no es una "patente de corso" para que el empleado deje de trabajar o cometa faltas disciplinarias impunemente.

Para que la garantía sea válida, la queja debe tener un fundamento fáctico verificable.

No basta con decir "me acosan" para volverse intocable; debe haber un proceso formal en curso.

Si se demuestra que el despido se produjo como represalia directa por haber ejercido el derecho a denunciar, dicho despido se presume nulo e ineficaz, obligando a la empresa a reintegrar al trabajador a su puesto o a pagar indemnizaciones agravadas por despido discriminatorio.

Extensión de la Protección a Testigos

La red de protección no cubre solo a la víctima directa. Para que una investigación prospere, se necesita la colaboración de terceros.

Por ello, las garantías contra represalias se extienden a los testigos que declaren en el procedimiento (compañeros de trabajo).

Si un testigo es despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones laborales poco después de haber atestiguado a favor de la víctima, la ley presume que se trata de un acto de castigo.

Proteger a los testigos